A pesar de que por medio de un comunicado la Universidad Industrial de Santander informó que la Gobernación estaba invitada al acto de instalación de la Comisión de Derechos Humanos, realizada ayer, tanto la Secretaría de Gobierno departamental como el despacho del Gobernador aseguraron a Vanguardia Liberal que no recibieron convocatoria al respecto.
No obstante, la Administración Departamental a través del secretario de Gobierno, Luis Fernando Cote Peña, expresó que estarán en disposición de contribuir con las estrategias que permitan mejorar el clima de gobernabilidad y convivencia en la Universidad.
La comisión contó con el acompañamiento de varios organismos regionales y expertos en Derechos Humanos; y, según quedó establecido por el momento, un grupo de representantes de profesores, administrativos, estudiantes de postgrado y directivos de la UIS, serán quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de velar por el tema de los derechos humanos dentro de la institución.
Si bien la iniciativa de dar origen a esta delegación responde a lo dispuesto por el Consejo Académico en el Acuerdo 088 del 2009, con el fin de fortalecer los espacios de diálogo y propiciar escenarios que garanticen la normalidad académica, durante el acto, calificado como protocolario por las directivas de la institución, tampoco hubo representación de los estudiantes de pregrado, ni de la asociación de padres de familia y mucho menos del sindicato.
Falta legitimidad
Aunque la comunidad académica considera que la Comisión de Derechos Humanos puede ser una buena herramienta al momento de dar solución a la crisis que vive la UIS, algunos de los representantes estudiantiles no vieron con agrado que se diera instalación sin la presencia de varios miembros de la institución.
Natalie Reyes, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, manifestó que “se hace indispensable convocar a las personas que sienten que sus derechos están siendo vulnerados. Además, consideramos que lo mejor sería que esta comisión fuera convocada por un tercero que entrara como mediador para quitarle el carácter institucional que tiene ahora”.
A su turno, voceros de la Coordinadora Estudiantil Jaime Alberto Acosta afirmaron que “es imposible hablar de derechos humanos cuando varias de las personas que integran la comisión hacen parte del Consejo Académico, a quienes no se les han aclarado sus vínculos con grupos paramilitares”.
De la misma manera ratificaron: “Es una comisión ilegítima, teniendo en cuenta quiénes la conforman, además de que en ningún momento se le comentó a la comunidad universitaria sobre las personas que la integrarían”.
Por otro lado, un docente de la UIS, que pidió reserva de su nombre, expresó que “no tiene sentido tener un Comité de Derechos Humanos si las personas amenazadas no están presentes”.
“Se ven muy buenas intenciones pero no se sabe qué es ni qué va a salir de eso. Pienso que la misma Universidad tampoco sabe qué quiere con esta comisión”, afirmó otro docente.
Más de la comisión
Para Dilmar Ortiz, defensor del pueblo, la conformación de esta delegación dentro de una universidad pública es un acto histórico y “es totalmente plausible teniendo en cuenta que se podrá entrar en un mejor desarrollo y dinamismo por parte de los miembros de la universidad”.
“Lo que se realizó hoy (viernes) fue una presentación protocolaria. Todavía falta la presencia del representante de los estudiantes de pregrado, alguien del sindicato y de la asociación de padres de familia. La comisión va a estar abierta para que hagan parte los gremios que se consideren necesarios dentro del dinamismo”, aseguró Dilmar Ortiz, al tiempo que ofreció toda la capacidad y apoyo de la Defensoría del Pueblo para contribuir en el fortalecimiento de la UIS.
Jaime Alberto Camacho Pico, rector de la Universidad, explicó: “La idea es que con la conformación de este grupo de trabajo se genere un espacio para debatir el tema de los derechos humanos y que en todo momento se cuente con el acompañamiento de los organismos necesarios”.
La nueva comisión, conformada por 10 miembros de la comunidad académica, tendrá bajo su cargo el diseño e implementación de una política de derechos humanos dentro de la institución.
De acuerdo con lo determinado durante la instalación, la primera tarea que tendrá dicha comisión será la de crear un manual de procedimiento dentro de la Universidad.
Estuvieron presentes
- El defensor del Pueblo, regional Santander, Dilmar Ortiz.
- Luis Fernando Patiño de la Procuraduría de Santander.
- El experto en Derechos Humanos y representante de la Red de Universidades por la Paz, Alonso Ojeda Awad.
- Presidente de la Asociación de Profesores de la UIS, Orlando Aguirre.
- El representante de los estudiantes de postgrado, Luis Guillermo Rosso Bautista.
- Miembros del Consejo Académico. ¿Quienes?
- El rector de la Universidad, Jaime Alberto Camacho Pico.
No obstante, la Administración Departamental a través del secretario de Gobierno, Luis Fernando Cote Peña, expresó que estarán en disposición de contribuir con las estrategias que permitan mejorar el clima de gobernabilidad y convivencia en la Universidad.
La comisión contó con el acompañamiento de varios organismos regionales y expertos en Derechos Humanos; y, según quedó establecido por el momento, un grupo de representantes de profesores, administrativos, estudiantes de postgrado y directivos de la UIS, serán quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de velar por el tema de los derechos humanos dentro de la institución.
Si bien la iniciativa de dar origen a esta delegación responde a lo dispuesto por el Consejo Académico en el Acuerdo 088 del 2009, con el fin de fortalecer los espacios de diálogo y propiciar escenarios que garanticen la normalidad académica, durante el acto, calificado como protocolario por las directivas de la institución, tampoco hubo representación de los estudiantes de pregrado, ni de la asociación de padres de familia y mucho menos del sindicato.
Falta legitimidad
Aunque la comunidad académica considera que la Comisión de Derechos Humanos puede ser una buena herramienta al momento de dar solución a la crisis que vive la UIS, algunos de los representantes estudiantiles no vieron con agrado que se diera instalación sin la presencia de varios miembros de la institución.
Natalie Reyes, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, manifestó que “se hace indispensable convocar a las personas que sienten que sus derechos están siendo vulnerados. Además, consideramos que lo mejor sería que esta comisión fuera convocada por un tercero que entrara como mediador para quitarle el carácter institucional que tiene ahora”.
A su turno, voceros de la Coordinadora Estudiantil Jaime Alberto Acosta afirmaron que “es imposible hablar de derechos humanos cuando varias de las personas que integran la comisión hacen parte del Consejo Académico, a quienes no se les han aclarado sus vínculos con grupos paramilitares”.
De la misma manera ratificaron: “Es una comisión ilegítima, teniendo en cuenta quiénes la conforman, además de que en ningún momento se le comentó a la comunidad universitaria sobre las personas que la integrarían”.
Por otro lado, un docente de la UIS, que pidió reserva de su nombre, expresó que “no tiene sentido tener un Comité de Derechos Humanos si las personas amenazadas no están presentes”.
“Se ven muy buenas intenciones pero no se sabe qué es ni qué va a salir de eso. Pienso que la misma Universidad tampoco sabe qué quiere con esta comisión”, afirmó otro docente.
Más de la comisión
Para Dilmar Ortiz, defensor del pueblo, la conformación de esta delegación dentro de una universidad pública es un acto histórico y “es totalmente plausible teniendo en cuenta que se podrá entrar en un mejor desarrollo y dinamismo por parte de los miembros de la universidad”.
“Lo que se realizó hoy (viernes) fue una presentación protocolaria. Todavía falta la presencia del representante de los estudiantes de pregrado, alguien del sindicato y de la asociación de padres de familia. La comisión va a estar abierta para que hagan parte los gremios que se consideren necesarios dentro del dinamismo”, aseguró Dilmar Ortiz, al tiempo que ofreció toda la capacidad y apoyo de la Defensoría del Pueblo para contribuir en el fortalecimiento de la UIS.
Jaime Alberto Camacho Pico, rector de la Universidad, explicó: “La idea es que con la conformación de este grupo de trabajo se genere un espacio para debatir el tema de los derechos humanos y que en todo momento se cuente con el acompañamiento de los organismos necesarios”.
La nueva comisión, conformada por 10 miembros de la comunidad académica, tendrá bajo su cargo el diseño e implementación de una política de derechos humanos dentro de la institución.
De acuerdo con lo determinado durante la instalación, la primera tarea que tendrá dicha comisión será la de crear un manual de procedimiento dentro de la Universidad.
Estuvieron presentes
- El defensor del Pueblo, regional Santander, Dilmar Ortiz.
- Luis Fernando Patiño de la Procuraduría de Santander.
- El experto en Derechos Humanos y representante de la Red de Universidades por la Paz, Alonso Ojeda Awad.
- Presidente de la Asociación de Profesores de la UIS, Orlando Aguirre.
- El representante de los estudiantes de postgrado, Luis Guillermo Rosso Bautista.
- Miembros del Consejo Académico. ¿Quienes?
- El rector de la Universidad, Jaime Alberto Camacho Pico.
tomado de vanguardia.com
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