Colombia: polémica por estudiantes-informantes

Una nueva polémica estalló en Colombia ante la decisión del gobierno de crear una red de informantes conformada por estudiantes, para tratar de frenar la ola de asesinatos en Medellín.

En esa ciudad, la segunda más importante de Colombia, hubo 2.178 homicidios en 2009, lo que significa un aumento del 108% respecto a 2008.

Buena parte de esos asesinatos son atribuidos por las autoridades judiciales y policiales a bandas ligadas al narcotráfico, que siguen teniendo mucho poder en esa región del noroccidente de Colombia.

Ante esa situación, el presidente Álvaro Uribe anunció esta semana el envío de más policías y unidades del ejército para que patrullen las zonas más conflictivas de Medellín.

Pero la receta de Uribe incluye un ingrediente muy controversial: la creación de una red de informantes conformada por 1.000 estudiantes, que recibirán una bonificación de US$50 al mes a cambio de información.

"Necesitamos que sea la ciudadanía quien se comprometa a informar a la Fuerza Pública, y si los jóvenes mayores de edad nos pueden ayudar en esta tarea de información y… de participación en las redes de información, pues eso nos ayuda muchísimo", insistió este miércoles Uribe.

Polémico anuncio

Esta medida incrementaría la violencia en lugar de disminuirla, porque tendría graves consecuencias para la comunidad educativa

Olver Rojas, vocero de Adida, el sindicato regional de maestros.

No obstante la aclaración de que en la red no participarán menores de edad, el anuncio presidencial generó una controversia que involucra a militares, expertos en seguridad, defensores de derechos humanos, autoridades civiles y candidatos presidenciales.

"Esta medida incrementaría la violencia en lugar de disminuirla, porque tendría graves consecuencias para la comunidad educativa", declaró a BBC Mundo desde Medellín Olver Rojas, vocero de Adida, el sindicato regional de maestros.

Pese a que funcionarios de la Presidencia de Colombia le dijeron a BBC Mundo que la red también será financiada con recursos del gobierno local, el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, lo desmintió.

"La alcaldía de Medellín no tiene ni tendrá jamás una red de cooperantes ni de informantes, esa es una función y una misión del gobierno y del Estado, y no del gobierno municipal de Medellín", declaró Salazar a la radio Caracol.

Informantes pagados

Pagar por la delación es crear soplones y no ciudadanos

Álvaro Camacho, profesor de la Universidad de los Andes, en Bogotá.

Desde que comenzó su gobierno en 2002, Uribe ha patrocinado las redes de informantes para contrarrestar a las guerrillas y a otros grupos armados ilegales que operan en el país.

La diferencia con esas redes es que ahora, en Medellín, se trataría de informantes que reciben un pago.

La propuesta no le gusta al experto en seguridad ciudadana Álvaro Camacho, profesor de la Universidad de los Andes, en Bogotá.

En diálogo con BBC Mundo, Camacho aseguró que "una política de seguridad democrática se propone sacar a los jóvenes del conflicto, no incluirlos".

"Pagar por la delación es crear soplones y no ciudadanos, y esto se presta para ajustes privados de cuentas", añadió.

La propuesta también dividió a los candidatos presidenciales. El ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo la calificó como "un error monumental" y el ex ministro Rafael Pardo la considera como "una medida desesperada".

Pero otros dos aspirantes a suceder a Uribe, los ex ministros Juan Manuel Santos y Marta Lucía Ramírez, la defendieron.

"La política de informantes ha sido bastante exitosa. El hecho de involucrar jóvenes universitarios donde hay mucha delincuencia me parece que puede ayudar a calmar y a mejorar la situación de orden público que vive una ciudad como Medellín", dijo Santos.

Ramírez, quien fue la primera ministra de Defensa de Uribe, defendió las redes de informantes y recordó que críticas similares hubo al comienzo del gobierno.

Y, pese a la polémica, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo que la medida "no tiene reversa".