Concluyen mil días de pugna por referendo reeleccionista

Con un adjetivo de concluyente aprobación o de apabullante rechazo, culminan casi tres años de candente debate en torno a la posibilidad de que el presidente Uribe pueda concursar nuevamente por la posibilidad de ocupar la jefatura del Estado, durante los comicios de mayo de 2010, luego de que la Corte Constitucional determine si abre o no las puertas de la estrecha ruta a la Casa de Nariño.

Las violaciones en los topes de financiación durante el proceso de recolección de las firmas, el cambio de la pregunta que se le hizo a quienes apoyaron la iniciativa en su gestión previa, así como los denunciados excesos de los parlamentarios que evitaron su hundimiento en el Congreso tendrán su punto final con un contundente concepto, que fijará el examen constitucional más controversial de los últimos tiempos en Colombia.

En la séptima sesión plenaria convocada por la Corporación para este viernes, nueve magistrados definirán la suerte de un proyecto que llegó a ser respaldado por más cinco millones de colombianos, según lo demuestran las firmas allegadas por el comité promotor a la Registraduría Nacional.

Desde finales de 2007, un grupo de uribistas se dio a la tarea de hacer converger todos los esfuerzos de sus coequiperos, con el fin de prolongar por cuatro años más la presencia del Presidente Uribe en la Casa de Nariño, mediante la convocatoria a referendo, en el que se le indagara a los ciudadanos si avalaban o no el anhelo de los promotores de la iniciativa, coaligados en la Asociación Colombia Primero.

Muchos aportantes solidarios se unieron al propósito del comité promotor con jugosas cantidades de dinero, que terminaron causando uno de los tantos dolores de cabeza que, para los gestores de la iniciativa, ha deparado este arduo proceso.

Hasta la intervenida captadora legal de dinero DMG, a través de la firma Transval, según el dicho de muchos opositores, se sumó a este equipo de edificadores de la nueva campaña presidencial del jefe del Estado.

Con violaciones a los topes de financiación, aún no latentes para las autoridades en ese entonces, fueron presentadas las firmas ante la Registraduría, que aprobó tres millones y medio, previo a la presentación oficial del proyecto de Ley ante el Congreso de la República, el emblemático 11 de septiembre de 2008.

El viacrucis que ya vivían los promotores para que el Legislativo decidiera darle vía libre a la iniciativa estuvo a punto de convertirse en catástrofe, pues hubo necesidad de convocar una sesión extra, sin previo aviso en el Diario Oficial y fuera de la etapa de receso, para poder salvar el proyecto a las 4:00 de la mañana del 17 de diciembre de 2008, con 86 votos de aprobación por parte de la Cámara.

Otra piedra en el zapato para las huestes uribistas se produjo al ponerse en evidencia la cuestionable validez semántica con la que fue construida la pregunta que se le hizo a los firmantes, pues, en concepto de muchos, sólo permitiría que el presidente pudiera ser reelegido en 2014 y no en 2010.

Sin embargo, la sesión plenaria del Senado del 19 de agosto de 2009 aprobó de las condiciones iniciales de la pregunta, que rezaba "quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período".

El cambio del verbo rector en pasado participio, es decir, "ejercido", fue suplido por "elegido". Así, no se necesitaba haber terminado el ejercicio de los dos períodos presidenciales, como lo advertían los opositores al proyecto, para poder lanzar la candidatura de Uribe en 2010, sino que era suficiente con haber sido elegido por dos períodos, condición que sólo cumplía el primer mandatario de los colombianos.

Los 56 votos que parecían poner fin a la polémica por la construcción de la pregunta terminaron generando un nuevo escenario de controversia, pues la Ley terminó siendo aprobada con un texto en la Cámara y otro en el Senado, situación que fue objeto de futuros cuestionamientos jurídicos dentro de la misma Corte Constitucional.

Como si fuera poco, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar en contra de los 86 representantes que aprobaron la iniciativa en la madrugada del 17 de diciembre de 2008, en respuesta a una denuncia por prevaricato interpuesta por el congresista oposicionista del Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero.

Un nuevo obstáculo de lacerantes reflexiones surgió cuando el parlamentario consideró que sus colegas habían actuado fuera de las exigencias legales que rigen sus funciones, al haber aprobado el referendo, sin que se hubiera expedido la certificación por parte del Registrador Nacional, que estaba a la espera de que el Consejo Nacional Electoral emitiera el concepto respecto a la financiación de las firmas.

El 12 de noviembre de 2009, una sala de tres conjueces del Consejo Nacional Electoral le dio a la Ley uno de sus más letales golpes, cuando abrió pliego de cargos en contra de sus promotores e invalidó la recolección de firmas, basándose en la violación de los topes de financiación, de las que habla el numeral sexto del artículo 265 de la Constitución Nacional.

Luis Guillermo Giraldo, Doris Ángel de Echeverri, Juan David Ángel Botero, Miryam Donato de Montoya, Cecilia Paz de Mosquera, Gustavo Dajer Chadid, Hediel Saavedra Salcedo, David Salazar Ochoa y Álvaro de Jesús Velásquez, fueron afectados con la medida.

Sin embargo, la etapa decisiva ya había empezado correr el 8 de septiembre de 2009, cuando fue radicado el expediente de la Ley en la Secretaría General de la Corte Constitucional, que se tomó ocho días más para el reparto, que quedó en manos del ex presidente de la Corporación, Humberto Sierra Porto.

Entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre, toda la ciudadanía tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos de favorabilidad o rechazo al referendo, luego de que la Corte hubiera anunciado lo que se conoce como la fijación en lista.

De manera paralela, empezaron a correr los plazos que tenía el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, para entregar su concepto de favorabilidad o no frente al proyecto, cuyo sentido, cabe anotar, no tenía ningún carácter obligante, aún cuando fuera pre requisito legal para su materalización.

Por primera vez en más de dos años y medio de haberse originado este proyecto, el 12 de enero de 2010 recibió su más notable espaldarazo, cuando el jefe del Ministerio Público consideró que las muchas irregularidades que se presentaron durante el trámite de aprobación no podían dar al traste con la voluntad de los millones de colombianos que respaldaron el referendo, por cuanto la Corte debería declarar su exequibilidad

Sin embargo, aguas turbias volvieron a correr en torno a la Ley, cuando el 3 de febrero pasado el magistrado sustanciador, Humberto Sierra, le dio la más contundente estocada, luego de dar a conocer su ponencia negativa ante la Sala Plena de la Corte.

Cinco de las falencias aquí citadas, que empezaron con la violación de los topes de financiación y finalizaron con la convocatoria a sesiones extras en la Cámara, sin dar aviso previo en el Diario Oficial y fuera de la etapa reglamentaria para ello, fueron consideradas por el alto funcionario como vicios insalvables, suficientes para declarar la inconstitucionalidad.

Desde entonces, han transcurrido seis sesiones plenarias de candentes debates, en la que se ha hecho notorio el respaldo a la postura de Sierra Porto, en medio de tensiones y suspicacias, como la que generó la visita del secretario Jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, y la candidata a Fiscal, Margarita Cabello, al magistrado Nilson Pinilla, la mañana de este jueves, pero que no quedarán resueltas hasta tanto no se conozca la decisión final.

La séptima y definitiva Sala Plena que tendrá lugar desde las 8:30 de la mañana de este viernes es, más que la aclaración del panorama político previo a las elecciones de 2010, el examen a 125 años de vida republicana, que servirá para valorar el funcionamiento de la estructura estatal emergida en la Constitución de 1991.

Será este el reto más exigente de la institucionalidad colombiana en el último tiempo, que pondrá a prueba las herramientas de las que disponen las tres Ramas del poder para mantener el equilibrio de soporte de la democracia colombiana.