"El problema de la Educación en Colombia no puede ser reducido al tema de la financiación"

Asi lo señalaron hoy los participantes en la audiencia pública que se llevó a cabo en el Salón Boyaca del Capitolio Nacional y organizado por los senadores Jorge Enrique Robledo y Gloria Inés Ramírez.

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2010. En la apertura de la audiencia pública realizada hoy sobre la financiacion de la universidad, la senadora Gloria Inés Ramírez señaló: “En mi concepto, el problema de la Educación Superior Pública en Colombia es ideológico- político y se sustenta en una visión de sociedad según la cual existen dos tipos de ciudadanos: aquellos con plenos derechos, posibilidades de acceso a las posiciones de poder y garantías de ingreso y aquellos que se encuentran destinados a servir a los primeros, con derechos de baja calidad y sin garantía alguna de movilidad social”.

La senadora durante su intervencion expusó: “A partir de esta posición ideológico-política es fácil explicar la falta de interés del Estado en proporcionar a los ciudadanos los medios para el desarrollo de derechos fundamentales como la libertad y la igualdad y, adicionalmente, los derechos sociales garantes de la vida digna, como la educación, la salud, la seguridad social y el acceso a las fuentes de trabajo”.

Y agregó: “La educación es el principal medio para que las personas que se encuentran marginadas social y económicamente, salgan de la pobreza y puedan participar dentro de sus comunidades. A la luz de estas apreciaciones también se ha hablado de la Educación Superior, la cual debe comprender los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad”.

“El apoyo público a la educación superior y a la investigación sigue siendo fundamental para asegurar que las misiones educativas y sociales se lleven a cabo de manera equilibrada”.

Además manifestó: “La progresividad del derecho a la educación no se satisface con un aumento insignificante en los presupuestos de las universidades públicas; la progesividad debe incluir el saneamiento de las finanzas de las mismas, la inversión que garantice una ampliación de cobertura con altos niveles de calidad, un bienestar universitario que beneficie gratuitamente a los estudiantes y el esfuerzo significativo del gobierno para lograr en poco tiempo la total gratuidad de este derecho.”

Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo propuso recursos adicionales a modo de incentivo para el Sistema de Universidades Estatales-SUE- de acuerdo con su grado de complejidad, con el fin de ampliar cobertura, reconocer la productividad académica de los docentes, publicaciones, investigaciones, patentes, formar el recurso docente, entre ellas especializaciones, maestrías, doctorados y promover la investigación y la innovación. "Claramente se parte de la idea de que las universidades se encuentran actualmente en igualdad de condiciones, lo cual a todas luces no es cierto y generaría una disputa por los recursos disponibles entre las que tienen mejores condiciones", dijo.

Igualmente expresó: “Es difícil confiar en la discrecionalidad del Ministerio para la implementación del mecanismo de asignación de recursos cuando éste jamás ha asumido la defensa de la Universidad Pública o cuando no se ha preocupado de la terrible situación financiera de algunas universidades del orden nacional”.

“Se propone que los recursos adicionales que distribuya el Ministerio de Educación estarán destinados a promover la generación y mantenimiento de nuevos cupos y la cualificación del recurso humano docente. Olvida el Ministerio que las nóminas de muchas universidades se encuentran congeladas y que la cualificación no es posible sin la entrada de nuevos docentes que asuman las tareas de la ampliación de cupos. Olvida que la ampliación de cupos no es posible sin una propuesta de calidad no funcional a un modelo de competencias, sino de formación humanística e integral de los estudiantes”, expresó el legislador.

Así mismo, Víctor Manuel Moncayo, ex rector de la Univesidad Nacional, manifestó: "Las decisiones adoptadas por las universidades para aplicar tales recursos fueron un importante ejercicio de autonomía académica, libre de toda injerencia de las orientaciones y directivas gubernamentales, que se materializó en planes de desarrollo debatidos y adoptados a partir de un ejercicio participativo”.

Y precisó: “Desde entonces era claro para las universidades que esa financiación que soportaba la autonomía académica era limitada y, por ende, insuficiente. Se trataba, por lo tanto, de adelantar la tarea misional con los mismos recursos, pues eso es lo que supone la regla de la indexación, para lo cual les fue preciso apelar a sistemas de racionalización y eficiencia internos, los cuales arrojaron resultados parciales o temporales, pero que progresivamente evidenciaban la imposibilidad de avanzar realmente en los planes y programas académicos”.

Para el profesor de la Universidad Nacional, Mario Hernández, habrá más recursos, pero eso no es suficiente a la hora de pensar en los problemas acumulados en las universidad e institutos tecnológicos públicos y en el sistema de educación superior del país; menos aún, si se asume una perspectiva comparada, de cara a la famosa sociedad del conocimiento. La propuesta no sólo no soluciona el problema estructural del financiamiento de la educación superior, sino que profundiza un modelo de política social que no es conveniente para el país.

Según Hernández, la calidad se garantiza con el sello de la acreditación de los programas y de las instituciones. Las que logren el sello podrán cobrar lo que quieran por el servicio y todas tratarán de competir para lograr mejor calidad a menor precio.

Y concluyó: “Como la educación es un servicio que no disminuye sus costos cuando aumenta la inversión en calidad -mejores docentes, infraestructura, tecnología, etc.-, las matrículas tenderán a aumentar cada vez más. Y como los recursos escasos de un país pobre sólo alcanzan para un subsidio pequeño, los pobres irán a parar a las instituciones de menor costo y peor calidad, mientras los que puedan pagar obtendrán la mejor opción. Con esto no se hace más que aumentar la profunda o mejor profundísima inequidad que hoy existe en el sistema de educación superior, aunque aumenten las coberturas.”

En tanto, el estudiante Sergio Fernández declaró: “Son falsos los señalamientos de la Ministra de Educación cuando manifiesta que la causa de la crisis de las universidades públicas es que unas pocas universidades absorben el grueso de los recursos de la SUE”.

"Como si el aumento de los costos reales de la educación superior no fuera ya importante nos encontramos ahora con que el IPC calculado durante 2006, 2007 y 2008, hecho que sumado a algunas deudas de vieja data del Gobierno Nacional con las universidades públicas significó una deuda de $328.000 millones de pesos", precisó.

"Pero hay mas cifras. Según el Banco Mundialm en 1999 el país invirtió 37.8% del PIB per capita en educación superior y nueve años despues es decir para el año 2008 las cifras cayeron al 26% per cápita. Y según la Contraloria General de la Republica las transferencias del Gobierno Nacional para educación superior pasaron de 1,73 a 1,67 billones", recordó.

"Sin embargo, esto lleva a un cálculo para el año 2009 de un déficit de 23.000 millones para el caso de la Universidad de Antioquia y de 160.000 millones para el caso de la Universidad Nacional, estas son las universidades grandes, las que según la Ministra se comen los recursos de la SUE”, precisó.

Finalmente, Luis Hernández, de Sindesena, denunció públicamente la condenable política antisindical y la crítica situación de violación de derechos humanos que actualmente se vive en el SENA. Y expresó: “Es claro que el país necesita de una educación superior de excelencia al mismo tiempo que una formación profesional integral también de excelencia, acorde con el avance científico y tecnológico para que la fuerza laboral sea realmente competitiva por su aporte al desarrollo económico y social de todos los colombianos. Todo esto pensado y diseñado desde la academia, los sectores productivos y las organizaciones sociales más que desde los intereses políticos o de algunos gremios económicos en particular”.