El testigo clave del Palacio de Justicia

El expediente sobre las desapariciones en el Palacio de Justicia ha sido uno de los más voluminosos en la historia reciente. Desde que la Fiscalía decidió reabrir el proceso, en 2005, más de un centenar de diligencias se practicaron; se recaudaron incontables testimonios y se allegaron pruebas documentales, la mayoría producidas en la propia época de los hechos pero que, dos décadas después, tuvieron otro tipo de análisis.

Si los videos facilitados por la Televisión Española fueron determinantes para establecer que al menos tres personas, de las once desaparecidas, fueron rescatadas vivas del Palacio de Justicia, varios testimonios le permitieron a la justicia colombiana establecer que algunos miembros de la Fuerza Pública tuvieron responsabilidad sobre esas personas que el 6 de noviembre se encontraban en el edificio asaltado por el M-19, y nunca más regresaron a sus hogares.

Por eso, al determinar que el entonces comandante de la Escuela de Caballería, coronel Alfonso Plazas Vega, tuvo responsabilidad sobre esos rehenes liberados, la juez tercera penal del circuito especializado de Bogotá decidió condenarlo a 30 años por el delito de desaparición forzada agravada.

Pero entre todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, quien había pedido la máxima pena para Plazas Vega, hubo un testimonio que terminó siendo clave.

Se trata del de Édgar Villamizar Espinel, un retirado suboficial del Ejército, quien se desempeñó en la Séptima Brigada, con sede en Villavicencio, y que durante la toma y retoma del Palacio de Justicia hizo parte del pelotón que fue trasladado desde el Meta para apoyar las operaciones tácticas de la Decimotercera Brigada, encargada de recuperar el control del edificio.

Édgar Villamizar, en ese entonces, se desempeñaba como cabo segundo. Al poco tiempo de los hechos del Palacio de Justicia abandonó la disciplina militar. Años después, a mediados de los 90, se desempeñó como agente del CTI, entidad de la que también se marginó y desde entonces poco o nada se supo de él.

Sin embargo, cuando la Fiscalía adelantaba las investigaciones de los desaparecidos del Palacio de Justicia, concretamente, en septiembre de 2007, Villamizar Espinel se acercó al despacho de la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago. Aseguró tener información clave de la investigación que la funcionaria adelantaba y se presentó como testigo presencial de los hechos.

En su testimonio, el retirado suboficial daba cuenta del traslado de rescatados del Palacio, por orden de Plazas vega, a la Escuela de Caballería, donde fueron objeto de procedimientos de interrogatorio que terminaron en torturas.

La Fiscalía contrastó este testimonio con otras pruebas. Con ellas pudo comprobar que los días 6 y 7 de noviembre de 1985 sí hubo una agregación militar proveniente de la Séptima Brigada de Villavicencio y que Villamizar sí hacía parte de esa agregación.

La juez María Stella Jara Gutiérrez, quien profirió la condena contra Plazas Vega, llegó a la misma conclusión, y además validó el testimonio de Édgar Villamizar que había sido muy controvertido por la defensa del ex comandante de la Escuela de Caballería y por la propia Procuraduría.

Según la defensa de Plazas Vega y el agente del Ministerio Público, Édgar Villamizar habría sido suplantado al momento de rendir el testimonio en la Fiscalía y durante la diligencia de inspección a la Escuela de Caballería que se adelantó en 2007. uno de los argumentos era que el acta en la que se recogió el testimonio, debajo de la firma del testigo, se leía el nombre el nombre de “Édgar Villarreal”.

La defensa de Plazas Vega aseguró que si en realidad se tratara de Édgar Villamizar no habría firmado encima del espacio que no correspondía a su verdadero nombre.

La juez Jara Gutiérrez consideró que ese hecho era un simple error de mecanografía pero que los otros datos suministrados por el testigo ratificaban su verdadera identidad y en efecto correspondían al cabo segundo que viajó de Villavicencio a Bogotá como parte de la agregación militar para reforzar los operativos que el Ejército adelantaba para recuperar el control del Palacio de Justicia.

El testimonio

La declaración de Édgar Villamizar da cuenta de los traslados de algunos “sospechosos” a la Escuela de Caballería. Relata la forma como algunos de ellos fueron interrogados y da cuenta de la muerte de un hombre y de una mujer.

La Fiscalía ha planteado la hipótesis de que las personas que murieron, según este testimonio, son Carlos Rodríguez, administrador de la Cafetería del Palacio de Justicia, y Cristina del Pilar Guarín, empleada temporal de esa dependencia.

Este es el aparte del testimonio que la juez María Stella Jara Gutiérrez consignó en su providencia y que validó como prueba para condena a Alfonso Plazas Vega.

“Al otro día a las 7 de la mañana nos volvimos a desplazar para el Palacio de Justicia. Se podía sentir el calor, en todo lo que es el sector del LEY, y el totiar de vidrios y botellas, porque estaban tratando de apagar el incendio y no podían. Alguien le pregunta al Coronel Plazas qué hacemos con la gente y es donde manifiesta abiertamente, ‘cuelguen esos hijueputas’.

Para la Escuela de caballería se traen, en un Nissan Azul, claro que después ese carro estuvo en la PM, con un techo de color cremita o beige. Traen una señora con falda a cuadros, un señor con buso no recuerdo si era blanco o era beige, pero no recuerdo si era ese que llaman cuello de tortuga, nos vinimos y los meten allí, en el primer viaje, a las pesebreras. Eso es en el segundo día, no recuerdo la hora. Por estar en los grados más bajitos de los que estaban allá, yo era cabo segundo, me dejan de seguridad, cuidando las dos personas que acababan de llegar ahí (sic).

Achury el sargento viceprimero, ya fallecido, me manifiesta que a ‘esos perros ni agua’. Se van con los que ya había y pasadas como las 4 y media de la tarde, cuando regresaron otra vez, se regresan a la escuela de caballería y ya traían otros tres, Creo que era otra señora y dos hombres y los metieron detenidos, aislados. Se metieron a pesebreras diferentes, cada uno en una (sic.).

A mí me releva el Cabo Lorza, yo me vengo a descansar como después de la comida para que yo viniera al Casino, porque volvía a coger turno a las 12 de la noche, otra vez en seguridad. Pude oír y pude darme cuenta de la tortura, vejámenes, no se que palabra colocar ahí, que estaban efectuándose a las personas que habían traído. Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las peladas.

Yo me alcanzo a acordar bien, bien, bien, de la que primero se trajo, le rasgaron la blusa y le dejaron los senos a la intemperie. A uno de los detenidos, Achury le amarró las manos atrás con una cabuya, lo acostó boca arriba, le envolvió una toalla de color verde con letras negras que decía Ejército Nacional y le empezaron a echar agua a la altura de las fosas nasales. Yo creo que habrían trascurrido unos 40 o 45 minutos de estar Achury haciéndole eso a ese señor, a mi me provocó matar a Achury y cuando el aflojaba la toalla, él decía que no le hiciera eso que él era de la cafetería y soltaba un eructo fuerte. Como a los 10 o 15 minutos sale Achury y comenta con Gamboa, “curso, curso, se me fue este hijueputa”, fue cuando me di cuenta que se había muerto. La persona quedó, la cara era como ver, le quedó la cara como morada, como color remolacha y la expresión era de horror. Me acuerdo que se peinaba por la mitad, y se veía que el tipo tenía el cabello bien cuidadito (...)

Achury, después de que ocurrió eso, (...) temblaba más que una gelatina, estaba asustado. Gamboa se va y como a los 20 minutos llega con un plástico negro, y envuelven al señor, ese, le quitan la toalla y le quitan el plástico, lo envuelven como generalmente se hacía un levantamiento, plástico marrado en las dos puntas del cuerpo. Estando observando lo que estaban haciendo Achury y Gamboa, se escucharon los gritos de una mujer, porque yo estaba en la punta de las pesebreras y a un lado estaba el Cabo Corredor del Grupo Guías de Casanare y se me acerca Corredor y me dijo “tenaz”, yo de esta mierda me retiro, y al poquito tiempo se retiró y después yo me retiré. Estando en eso sale Arévalo , y manifiesta “manito, manito, la cagué”. Se le pregunta porqué la cago y manifiesta: “maté esta vieja”.

Volviendo al cuento con esto, Arévalo sale asustado con Gamboa empacan a la persona, y se la llevan para el lado de las pesebreras. Ahí, lo curioso es que, yo no se, entre cuantos ni quienes, volvieron a abrir un hueco y sacaron un caballo que estaba muerto y ya estaba encima del encementado y ahí pusieron los cuerpos, en eso pusieron a trabajar soldados. Eso fue como el 8 de noviembre, porque ya la gente estaba empezando a aglomerar aquí al frente y ya estaba empezando a preguntar por la gente (sic)”.

¿Por qué se validó este testimonio?

El testimonio de Villamizar fue el más cuestionado en todo el proceso, sin embargo el juzgado “le brinda total credibilidad en tanto que, una vez acreditada la presencia de la Unidad Militar a la que él pertenecía, Brigada 7 con sede en Villavicencio, en el lugar de los hechos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar por él relacionadas, guardan correspondencia con los elementos de prueba analizados por este despacho”.

Para la Juez, existe un documento que corresponde a la trascripción de un casete que recoge la versión de uniformados al servicio del B-2 del Ejército Nacional que participaron en “la operación de asalto del Palacio de Justicia”.

En ese documento se expone, por parte de los militares, que ellos fueron los encargados de trasladar a un “número de rehenes que eran mantenidos por la subversión dentro de las instalaciones del Palacio” a la Casa Museo del 20 de julio, en donde fueron identificados.

Un número aproximado de doce personas, “entre hombres y mujeres” que no lograron brindar “explicación de cuál era su motivo de presencia en el Palacio de Justicia, fueron conducidos a las instalaciones de la Escuela de caballería del Cantón Norte y de la Brigada de Institutos Militares en el norte de Bogotá”.

Da cuenta el escrito de la clasificación de las mencionadas personas, que fueron trasladadas así:

- “Cuatro hombres de diferentes edades”, algunos hombres, decían que ellos eran los administradores, meseros y cocineros de la cafetería del Palacio.

- “Otros tres, dos individuos más jóvenes y una mujer”, fueron “identificados como terroristas”, “participantes directamente en el asalto al Palacio”.

- “Los otros cuatro se los acusó de haber permitido el ingreso, a través de cajas, de parte del armamento que usó el grupo terrorista M-19”, imputación que no quisieron aceptar, razón por la cual se les brindó el mismo tratamiento “que a los tres guerrilleros comprobados”.

Se reitera que esas personas estuvieron en la Escuela de Caballería y, según se expresa en el documento, se trata de los mismos desaparecidos.

Refiere el documento que “por orden directa” del “Coronel Plazas Vega” se pretendió que los retenidos firmaran una carta en donde se decía “que ellos habían recibido tres millones de pesos” para comprar “material de guerra que usó el M-19 para financiar la operación”.

Se hace alusión a que uno de los individuos, tachado de “subversivo”, no quiso suministrar su nombre, y en lugar de ello “respondió con un madrazo”, por lo que fue torturado y “ahogado en los bebederos (...) que quedan en todo el centro de las caballerizas, que son las mismas celdas que utilizamos en la Escuela de Caballería para mantener a los detenidos” luego de lo cual yació muerto.

Respecto de otra persona tildada también de “terrorista”, se dice que fue el que “suministró la dirección de la calle sexta sur con carrera octava en el barrio Calvo Sur donde habían preparado la operación” de toma del Palacio por parte del M-19.

Dice la juez que en ese documento castrense “se impartió la orden” de acabar con la vida de los detenidos con el fin de que “no quedara ni un solo testigo que diera cuenta de las macabras atrocidades que llevaba a cabo el Ejército Nacional”.

La acusación de haber permitido el ingreso de armamento al Palacio de Justicia recayó en “David Celis”, “Jaime Beltrán”, “Hernando Hernández” y “Carlos Rodríguez”. Así mismo, luego de algunas pesquisas, se logró averiguar “que habían otras tres mujeres detenidas en otra instalación militar que correspondían a los nombres de Luz Marina o Luz María Puerta, Hohora Esguerra y Rosa o Margarita Castilblanco”.

Menciona el escrito que el día miércoles, cuando se preparaba el operativo de respuesta al ataque del grupo M-19, el Coronel Plazas Vega, les manifestó a los “efectivos del B-2” que tenían que estar dispuestos “a cobrar las vidas que el terrorismo había sacrificado en el cerro de comunicaciones del Cable de Bogotá y el Batallón Cisneros en Manizales”.

Resaltan los militares: “nosotros admiramos a mi coronel Plazas en grado sumo porque es (...) un estratega militar y un táctico militar de alta calificación, son cualidades que no tiene cualquier militar colombiano, la forma como se desarrolló el operativo fue exitosa, pero desconocíamos (...) este aspecto que el Coronel Plazas tiene con los métodos de interrogación a los terroristas, nosotros lo admiramos mucho pero en eso estamos en desacuerdo (...)”.

Con base en estos documentos, y sobre todo en estas pruebas, la juez tercera penal del circuito especializado aseguró que “resulta innegable que el coronel (r.) Luis Alfonso Plazas Vega, como comandante de la Escuela de Caballería, debió conocer los censurables actos perpetrados por personal militar en contra de varios sobrevivientes, entre ellos los once desaparecidos en dependencias militares a su cargo, lo cual demuestra la coincidencia de la antijuricidad que acompañó al acriminado durante el desarrollo de los sucesos que ocupan nuestra atención”.

Aunque la Juez hizo la salvedad de que en el proceso no hay pruebas que determinen que Plazas vega, como comandante de la Escuela de Caballería, fue quien directamente desapareció algunas personas, sí asegura que el coronel en retiro “tuvo el dominio del hecho a través de la fuerza que comandaba, lo que le aseguró la consumación del punible a través de la fungibilidad de los ejecutores responsables, quienes resultaron ser piezas esenciales de un engranaje completo orientado al crimen”.