Campus de batalla

¿Dónde quedan los principios de la universidad pública cuando se permite que las fuerzas policiales entren al campus y agredan a los estudiantes?

La cadena causal que llevó a este gesto tan hospitalario comenzó en 2007 cuando el rector de la Universidad, el Dr. Jaime Alberto Camacho Pico, sostuvo una llamada con un presunto paramilitar, alias Félix, en la que se comprometía a entregar un listado con nombres de estudiantes que eran “de pensamiento de izquierda” o “líderes estudiantiles”. De esta llamada se supo en el 2009 y el rector le dijo a las autoridades y a las distintas cadenas radiales que él había denunciado el asunto ante la policía, un organismo que claramente no es suficiente para cuidar a los ciudadanos que se convierten en blanco paramilitar.

A raíz de este hecho, la comunidad universitaria, los estudiantes, el sindicato de trabajadores (Sintraunicol) y padres de familia, expresaron un fuerte y serio descontento porque el rector ni siquiera se molestó en avisar a la comunidad universitaria de la llamada, ni denunció el asunto ante las autoridades competentes en el tema de derechos humanos. Los estudiantes que organizaron una protesta al respecto fueron expulsados por la Administración de la Universidad, todos por testimonios rendidos por el personal de vigilancia privada, contratado vía cooperativa por la Universidad, en los que se los acusa de “sabotear la normalidad académica”. Los procesos además presentaron múltiples anormalidades que en su momento fueron denunciadas a través de los distintos representantes de los estudiantes.

El 15 de junio hubo una protesta en la Universidad, lo de siempre, pero con algunas particularidades escabrosas: una formación "a lo militar" de un grupo de encapuchados en la plazoleta "Che Guevara", frente al Auditorio Luis A. Calvo, gente vestida de la misma manera, con banderas del Movimiento Bolivariano y Partido Comunista Clandestino. Durante más de medio día los encapuchados tuvieron a su merced el campus porque la policía atendía un evento a esas mismas horas en la Ciudadela Real de Minas, al otro lado de la ciudad. Además, la Policía exigía que una autoridad, ya fuera el Alcalde o el Gobernador o el Rector autorizaran el ingreso de la fuerza pública al campus para detener la escalada de violencia. Mientras tanto, los encapuchados incendiaban la División de Servicios de Información, saqueaban el edificio de administración y rompían vidrios, cámaras de seguridad y se paseaban en los carros institucionales hasta cuatro o cinco cuadras afuera de la UIS. Hubo daños por más de 3000 millones de pesos.

A raíz de este evento la Administración invitó por medio del Gobernador al Ministro de Defensa, que dijo que lo del 15 había sido una toma guerrillera, un atentado terrorista y que ordenaba a la Fuerza Pública hacer presencia en el campus por su orden directa. Desde entonces hay fuerza pública en las entradas de la Universidad, cámaras de seguridad en el campus (para su instalación, además, se talaron un montón de árboles), se nombró un Jefe de Seguridad de la UIS y se hizo obligatoria la presentación del carné en las entradas.

Hoy hay trancones cuando los vigilantes le piden el carné a miles de estudiantes a diario. Los policías se paran a insultarlos, morbosean a las estudiantes, y si ven un grupo protestando empiezan a ver quién provoca a quién más rápido. El jueves 21 de julio a las 6:00pm hubo un enfrentamiento porque un joven no quiso presentar el carné y se pasó la seguridad. El celador le avisó a los policías, que agarraron al muchacho a la fuerza, él respondió en forma agresiva y entonces le pegaron con los bolillos. Como era un hora de alto flujo de estudiantes, la policía se vio rodeada y reaccionó con gases, balines de goma, granadas de dispersión y agua. Al menos 6 personas salieron lesionadas y el joven que no quiso mostrar su carné enfrenta ahora una audiencia disciplinaria por lesionar a un policía y portar papas bomba.

El lunes pasado algunos estudiantes se pararon en las porterías a gritarle a la policía. A eso de las 4:30 pm (según dicen los policías) alguien lanzó una papa bomba y hubo otro estrambótico enfrentamiento, tanto que hasta sobrevoló un helicóptero de la policía al estilo Jerry Bruckheimer. Evacuaron el campus a las 5 de la tarde. Una joven de Segundo semestre fue herida en la espalda por la policía, una que justamente les estaba gritando que detuvieran el ataque, que no todos los estudiantes tenían papas bomba. Ahora para los medios y la policía todos los estudiantes son unos “anti-estado” y por eso un potencial peligro. A uno le perforaron la pierna con un bala de goma, se han generado más de cinco capturas, maltratos con bolillos, acorralamientos y patadas. La administración acabó de expedir 3 actos administrativos, uno que reduce el tiempo de permanencia de un estudiante en la universidad, otro que establece que no mostrar el carné es una falta leve y otro que dice que pegar afiches en las paredes es falta grave, que jugar cartas falta leve y promover el consumo de cigarrillos o brindarlos es falta leve.

La situación no parece tener una pronta mejora, cada vez los enfrentamientos entre los estudiantes y el ESMAD son más frecuentes, entre los alumnos la indignación crece y la policía cada vez reacciona más rápida y violentamente. Es muy ofensivo ir a estudiar y ser tratado como un terrorista solo por las acciones de unos pocos. Estas medidas represivas solo le dan la razón a los tropeleros, y mientras más interdicción, más violenta será su respuesta y más estudiantes se les unirán.

La UIS se suma a la tendencia colombiana de prohibir todo lo que no funcione antes de entender cuál es el origen del problema. ¿Cómo puede ser creíble un rector sostiene conversaciones en las que los estudiantes puedan convertirse en blanco paramilitar y hace tan poco al respecto? ¿Quién corrobora que los encapuchados del 15 de junio eran todos estudiantes? ¿Dónde quedan los principios de la universidad pública cuando se permite que las fuerzas policiales entren al campus y agredan a los estudiantes? ¿Desde cuándo es un delito que los estudiantes se reúnan para gritar en son de protesta? ¿De qué régimen carcelario se copiaron para hacer un acto administrativo que prohíbe brindar cigarrillos, pegar afiches y jugar cartas? ¿Quién hace respetar la intimidad de los estudiantes que en este momento es grabada en cámaras de vigilancia que están por todas partes? ¿No es una contradicción que haya que mostrar un carné para ingresar a un espacio público?

Y la más importante de todas las preguntas, que atañe a todo el territorio nacional: ¿quién puede estudiar en un campo de batalla?

@Catalinapordios Tomado de Elespectador.com