¡Gente a la calle!

El miércoles 5 de octubre fue un día intenso y doloroso para los estudiantes. En Cali, Tunja y Pamplona acumularon 22 heridos, en medio de las protestas que realizaban en todo el país contra la reforma a la educación. No fueron las únicas víctimas. También los universitarios golpearon a la fuerza pública, que acudió a reprimir las manifestaciones, y más de una docena de policías resultaron afectados. Lo mismo estaba ocurriendo en la lejana población de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, donde miles de campesinos se tomaron la población, bloquearon la carretera troncal hacia la costa atlántica y se enfrentaron a la Policía para exigir el cese de las fumigaciones de los cultivos ilícitos. Lo mismo había ocurrido días antes en el municipio de La Tebaida, en el Quindío, en la zona cafetera, donde los pobladores se lanzaron a las calles, cercaron la Alcaldía, agredieron al alcalde y a los funcionarios del municipio, en abierta rebeldía contra el alza en los servicios públicos.

No es un momento. No son hechos aislados. Es una tendencia del país en los últimos dos años. La Policía Nacional registró 1.142 acciones de protesta de diversos sectores de la población en 2010 y hasta el mes de septiembre de 2011 había contabilizado 1.573, un hecho sin precedentes en los últimos diez años. La Escuela Nacional Sindical, que hace el seguimiento a la protesta laboral, había registrado 54 huelgas y 125 acciones más de los trabajadores en 2010, fenómeno que no se presentaba desde 1991. En lo que va corrido de 2011 habla de más de ochenta movilizaciones sindicales, sin contar la jornada nacional de protesta de los trabajadores estatales que tuvo lugar este viernes 7 de octubre. En la misma línea se ubica el Cinep, organización no gubernamental orientada por los padres jesuitas, que registra en sus bases de datos un gran crecimiento de la agitación social.

¿Cuánta gente ha salido a las calles o ha caminado veredas para llegar a las cabeceras urbanas o se ha tomado los campos mineros? No menos de un millón de personas. Algunos grupos lo han hecho en varias oportunidades, como ha ocurrido con los trabajadores de Pacific Rubiales, la empresa petrolera que acampa en Puerto Gaitán, Meta. Han concurrido a las acciones todos los sectores del país. Los indígenas que han realizado más de treinta marchas en el año; los trabajadores mineros que han efectuado cerca de setenta protestas; los maestros y estudiantes que han paralizado las universidades y bloqueado las vías; los trabajadores del Estado que, liderados por las centrales obreras, han obstaculizado por momentos el funcionamiento de las instituciones; los campesinos, los afrodescendientes, incluso sectores de las élites que se han manifestado contra la corrupción; especial mención merecen quienes laboran en la salud, que han ejecutado numerosas jornadas de protesta para buscar soluciones a la grave crisis que afronta esta obligación social.

No son acciones distantes de los grandes centros de población. No son hechos marginales que llegan como noticias lejanas a las grandes ciudades. No. La capital del país tiene el mayor récord de protestas, más de 250. También en Medellín y Cali se concentra una buena parte de las movilizaciones. Pero en las zonas alejadas las protestas involucran más hechos de violencia. En los departamentos del sur del país, Nariño, Cauca, Putumayo, o en lugares de Norte de Santander y Arauca, o en el Meta y Bajo Cauca antioqueño, las protestas se han convertido algunas veces en reyertas con preocupantes saldos de heridos, muertos y detenidos.

En el fondo de estas acciones están, desde luego, la inequidad social y el cúmulo de necesidades insatisfechas; está también la motivación que le prodigan fuerzas radicales, pero estas realidades han estado ahí siempre y no son explicaciones suficientes para la oleada de movilizaciones, huelgas, bloqueos y asonadas que se están presentando.

En el último año han confluido factores que favorecen la agitación social. Hay una variación en el discurso del alto gobierno. La preocupación por la seguridad ha disminuido y el tema social está adquiriendo protagonismo. La ley que ordena la reparación de las víctimas y la restitución de tierras ha generado expectativas en millones de campesinos que empiezan a reclamar sus derechos. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos implicó el anuncio de cambios en las relaciones laborales y en las libertades sindicales. Algunas de las acciones sindicales apuntan a exigir el cumplimiento del pacto firmado en Washington. Así mismo, la voz crítica de Angelino Garzón desde la Vicepresidencia alienta la ilusión de que varias demandas serán atendidas. "Es una oportunidad política que la gente aprovecha", dice Mauricio Archila, investigador del Cinep.

La reforma educativa, que fue presentada inicialmente como un salto hacia la privatización, ha sido el acicate de las movilizaciones de profesores y estudiantes, pero en el imaginario de estos sectores influye igualmente la ola de indignación que se ha presentado en los últimos meses en algunos lugares de Europa y en el mundo árabe.

Ahora bien, no solo de motivaciones políticas o sociales se nutre la protesta. Hay un ingrediente económico. En muchas zonas del país ha empezado la disputa por las rentas de la minería y el petróleo. El aumento de la exploración y la explotación ha generado expectativas por igual en las empresas, en los trabajadores y en los habitantes de las regiones donde se descubren estas riquezas. Crecen las tensiones en los campos recién abiertos. Crecen también las resistencias de los ambientalistas que reclaman protección para zonas de reserva, para los páramos y las aguas. Las compañías nacionales y extranjeras se quejan de presiones y amenazas, y los trabajadores fustigan la precariedad en que deben laborar en muchas de las compañías mineras. Estas tensiones han derivado en verdaderas desgracias, como la muerte del sacerdote José Reinel Restrepo, párroco de Marmato, Caldas, quien acompañaba a los pobladores en sus reclamos ante la empresa Medoro.

Se presenta un desfase entre las expectativas creadas por el anuncio de cambios laborales y sociales del gobierno de Santos y la capacidad para desarrollar estas reformas y atender con prontitud las demandas de los trabajadores y de la población. Ese es el signo principal de la situación, dice Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical.

Es algo que se siente tanto en las grandes decisiones -por ejemplo, el lento desarrollo del acuerdo de formalización laboral, firmado con el presidente Obama, o la mora en la reglamentación y aplicación de la Ley de Víctimas- como en el incumplimiento de pactos concretos que se realizan para levantar un paro o resolver una protesta laboral.

Por todo esto, por las razones de fondo que hay tras esta oleada de descontento, por la histórica lentitud con la que el Estado ha respondido a las demandas de trabajadores y sectores populares, lo peor que puede hacer el gobierno es promover la idea de que tras paros, marchas y desórdenes está la 'mano negra' de la guerrilla. Sin duda, esta intenta pescar en río revuelto. Pero lo que tiene el río en ese estado no son los 'infiltrados' ni los 'encapuchados' del vicepresidente. Además de décadas de criminalización de la protesta social, los cambios recientes en el discurso oficial y las tensiones y expectativas generadas por la avalancha de inversiones minero-energéticas están llevando a la gente a la calle en cantidades sin precedentes en la última década.