El próximo 24 de agosto se cumple un año de la ejecución extrajudicial o mal llamado falso positivo, realizado por uniformados del Ejército Nacional adscritos al batallón Ricaurte, quienes se llevaron al joven Carlos Mauricio Nova Vega del parque Centenario de Bucaramanga y lo asesinaron en el municipio de Hacarí (Norte de Santander), presentándolo como un guerrillero muerto en combate.
Este crimen de lesa humanidad enlutó a una familia santandereana a quien se le mancilló su buen nombre. El hecho fue denunciado ante las autoridades nacionales de la Fiscalía y el Gobierno Nacional, así como ante organismos internacionales de derechos humanos pidiendo justicia.
Esta práctica de ejecuciones extrajudiciales fue constatada por el relator especial de ONU quien visitó a Colombia en el mes de junio pasado. En ella se esconde una tendencia criminal haciendo falsas justificaciones de actos de combate para cobrar incentivos y dinero, situación que se deriva de la política de seguridad democrática que promueve recompensas económicas a los soldados por cada subversivo muerto.
Los resultados de esta conducta violatoria de los derechos humanos ha dejado numerosos jóvenes muertos en los caminos de Colombia, jóvenes desprevenidos cuyo único delito es el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades, jóvenes víctimas inocentes de la guerra en nuestro país y familias destrozadas por el dolor de la violencia.
Las ejecuciones extrajudiciales ponen de presente la ineficacia en la investigaciones y la indiferencia del Estado; las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas reclamamos justicia a las instituciones del Estado, hacemos exigencia del cumplimiento de su mandato constitucional de proteger la vida y los derechos de todas las personas teniendo en cuenta que no se ofrecen garantías de investigación ni procesos judiciales a favor de las víctimas, para la sanción y la reparación.
A pesar de que el Gobierno reconoció la existencia de ejecuciones extrajudiciales y la gravedad que significa a nivel nacional e internacional, así como la destitución de 27 militares, consideramos que no es suficiente pues las investigaciones no arrojan resultados positivos ante tan grave delito de lesa humanidad constituyéndose esto en impunidad.
Nos solidarizamos con las familias en su dolor por la perdida de su ser querido, los acompañamos para exigir verdad, justicia, reparación integral, la dignificación de su nombre y la memoria histórica, conscientes del riesgo que sufren las víctimas por realizar la denuncia publica contra miembros del Ejército.
Manifestamos nuestro reclamo a las altas esferas del Estado y ante las Fuerzas Militares para que estas conductas criminales no vuelvan a repetirse, para que se depuren las instituciones encargadas de la seguridad y la protección de todos los colombianos.
Hacemos memoria por lo sufrimientos vividos a muchos jóvenes santandereanos sacrificados: Carlos Mauricio, Jimmy Alexander, Fredy, Mauricio, Javier Alberto, Joaquin Alberto, Jhon Alexander, Rosmiro, Wilson, Venicio, Marcos Javier, Andres Jene, Edwing Mauricio, Diego Fernando, Jhon Freddy, José Fernando, Luis Alfredo, Jose Alexander, Daniel Alejandro, Marcos Quintero y tanto otros que hasta el día de hoy no han reclamado, por el temor de sus familias a ser revictimizados.
No mas impunidad... Verdad y castigo a los responsables. Toda la ciudadanía a marchar solidariamente contra los falsos positivos y por los derechos de las víctimas del conflicto armado. Este próximo lunes 24 de agosto, a las dos de la tarde frente al Batallón Ricaurte.
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