Cátedra en las calles

En menos de mes y medio el gobierno de Juan Manuel Santos armó dos conflictos que no estaban ni siquiera en la agenda de los más pesimistas. En febrero, el Ministerio de Transporte armó un caos en el país por cuenta de la eliminación de los fletes, que terminó con Bogotá y otras ciudades bloqueadas. Y hace un par de semanas el Ministerio de Educación caldeó el ambiente que había de calma en las universidades al presentar un proyecto de reforma educativa que logró, como no se veía en muchos años, alinear en un bando a universidades públicas, privadas, estudiantes, maestros, profesores y sindicatos.

El jueves, prácticamente todas las ciudades del país vieron cómo miles de personas marcharon para protestar por la reforma a la Ley 30 que regula la educación superior. A la vez, maestros, empleados de la salud y públicos aprovecharon para unirse a las marchas y hacer sus reclamos. Lo que más sorprendió fue la tranquilidad con la que transcurrieron las protestas, salvo algunas escaramuzas que se presentaron entre policías y un puñado de estudiantes en Bogotá y Medellín.

Tras la larga jornada varias cosas quedaron claras. La primera es el alto precio que ha tenido que pagar el gobierno con las primiparadas de sus ministros. Precisamente María Fernanda Campo, ministra de Educación, se apresuró al retirar un proyecto de ley que había dejado en el Congreso su antecesora, Cecilia María Vélez, que había reunido las ideas y consensos que se lograron durante más de un año entre todos los actores del sector.

Después, el gobierno armó su proyecto, sin tener en cuenta los aportes que podían hacer los rectores de las universidades públicas. El no sentirse escuchados, junto a algunas ideas como la de permitir que el capital privado llegue a la educación superior y se pueda lucrar, fueron creando un ambiente negativo alrededor del proyecto. Tan pronto el Presidente lo presentó en la Casa de Nariño, hace unas semanas, la ministra Campo tuvo que comenzar una cruzada, no para socializar la reforma, sino para defenderse de las hordas que se le fueron en contra. Se le abona a la ministra que ha recorrido todo el país, ha defendido su reforma y ha recibido las sugerencias.

Pese a esto, para el educador y columnista Francisco Cajiao el proyecto de ley ha sido pésimamente presentado, además de ser malo, porque no define un horizonte mínimo de hacia dónde debe ir la educación superior. "El problema no es aumentar la cobertura ni obtener más recursos públicos o privados, sino saber qué tipo de universidad es la que necesita y requiere el país, que no es la que tenemos". Para Cajiao y otros expertos, una reforma universitaria debe comenzar por la educación básica y primaria, y eso tampoco está ocurriendo. Por el contrario, la ministra Campo ha dicho que la reforma incluyó todas las ideas y propuestas que se habían hecho, y dice que el solo hecho de aumentar el número de universitarios en más de 600.000 implica una profunda transformación y un fortalecimiento de la universidad pública.

El gran tema de debate se ha centrado en la llegada del capital privado, en el que hay más desinformación que verdades. Lo que incomoda a algunos es que se pueda asociar con las universidades públicas para hacer proyectos de investigación o innovación, algo que ocurre hoy, pero con la diferencia de que si hay utilidades se puedan repartir. Esa figura, que puede ser buena, crea escozor en las universidades del Estado y se ve como la puerta para que las privaticen.

Pero en caso de que sea aprobado, no es mucho lo que puede cambiar. Por una parte, crear un centro superior nuevo podría tardar entre diez y quince años. Y, por otra, "en el país hay muchas universidades en las que, a pesar de ser sin ánimo de lucro, rectores y quienes las dirigen obtienen privilegios y millonarios sueldos y contratos", dijo el rector de una importante universidad. El problema es que estos y otros temas están desviando la atención del debate.

El pulso seguirá. La pregunta es qué tan dispuesto está el gobierno a modificar su proyecto de reforma y si las universidades pueden presentar sus propuestas de una forma rápida, por encima del paquidérmico tiempo en el que se deciden las cosas. Lo importante es que hay consenso en que la educación superior requiere una reforma y que el debate se debe dar con la altura que se merece, sin capuchas ni piedras.