Los puntos claves del debate de la reforma a la educación

Para aumentar cobertura de la educación superior al 50%, el Gobierno le apuesta al capital privado.

1. Universidades públicas y Gobierno, en tira y afloje por los recursos

El proyecto de ley mantiene el esquema de entrega de recursos del Estado ajustado cada año con el índice de precios al consumidor (IPC), pero con adición especial.

En el 2012 se otorgaría un 1 por ciento más; un 2 por ciento, en el 2013, y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019.

En los próximos tres años serían más de 400 mil millones de pesos adicionales, que para las 32 universidades públicas son poco. De hecho, dicen tener un déficit de 700 mil millones de pesos.

El Sistema de Universidades Estatales (SUE) ha planteado un IPC académico, que les permita hacer algo más que sostenerse. La de Cundinamarca recibe de la Nación 900 mil pesos anuales por cada estudiante y calcula su costó en 4 millones. "Recibe más un colegio", dice su rector, Adolfo Polo.

Si se quiere educación de calidad, afirma el presidente de Ascun, José Fernando Isaza, se necesita un esfuerzo estatal fuerte: "¿Por qué no asegurar el mismo presupuesto que se le dio a la guerra?"

Danilo Vivas, rector de la Universidad del Cauca y vocero del SUE, plantea que los recursos del Sena puedan también ir a las universidades que ofrecen carreras técnicas y tecnológicas. "Tiene más presupuesto que las 32 universidades públicas juntas", agrega Polo.

Las cuentas del Gobierno indican que habría bastante más que los 2,4 billones adicionales que calcula para el sector, en los próximos tres años, por cuenta de sus propio esfuerzo y el de los inversionistas privados.

A la bolsa entrarían 2,9 billones de pesos si se aprueba la destinación del 10 por ciento de las regalías para ciencia y tecnología. Muchos de esos recursos irían para las universidades.

Además, de acuerdo al crecimiento de la economía, daría entre un 30 y 50 por ciento de ese incremento al sector. "Eso sí, entregados en función del desempeño", dice el viceministro Javier Botero, quien también cree que las universidades pueden hacer un mayor esfuerzo por asociarse con el sector privado.

2. ¿Universidades con ánimo de lucro, pero poca calidad?

La reforma crearía la figura de las instituciones de educación superior con ánimo de lucro, para traer capital, inclusive extranjero, al sector.

Las privadas de hoy son sin ánimo de lucro: no pagan impuesto a la renta, pero deben reinvertir lo que ganen. Eso en el papel, porque se sospecha que mucha de esa plata se va a bolsillos particulares. Estas instituciones podrían pasar a ser con ánimo de lucro y José Fernando Isaza, vocero del gremio universitario, dice que ello puede desatar la venta de universidades.

La gran crítica a la propuesta se centra en que "negocio no es sinónimo de calidad", como dice el padre Joaquín Sánchez, rector de la Javeriana. Se arguye que lo mismo hizo el gobierno Cardoso en Brasil y el efecto fue una ola de universidades de mala calidad. La respuesta del Gobierno es que, si hay control estricto, eso no pasará. Sin embargo, las 'universidades de garaje' están ahí para mostrar que el control no funciona a veces.

¿Puede llevar esto a la privatización del sistema, como dicen los estudiantes que rechazan la reforma? Pocos creen eso, pero, dice Isaza, la reforma "sí plantea una disminución del papel del Estado en la universidad". El viceministro Javier Botero cree que el equilibrio universidad pública-privada se mantendrá e, incluso, con algo de ventaja para la primera, pero por cuenta del Sena.

3. La acreditación, el gran filtro de la calidad

Un gran objetivo de la reforma es la calidad como condición para avanzar en competitividad. En el Índice de Competitividad del Institute for Management Development (IMD), de Suiza, Colombia quedó de 41 entre 55 países, hace dos años. De las 80 universidades, solo 21 tienen acreditación.

La ley las obligaría a todas a tenerla, lo que implica hacer investigación y tener doctorados. Si no lo logran en cinco años, bajarían de categoría. Las universidades plantean, de nuevo, que la solución no son las normas sino los recursos.

Las públicas, en específico, se quejan de que la ley no les daría fondos para la acreditación, y todas señalan que cumplir con el requisito del doctorado exige por lo menos 12 años.

Según el rector Danilo Vivas, cabeza del Sistema de Universidades Estatales, más de la mitad de ellas no estaría en condiciones de alcanzarlo.

El viceministro Javier Botero, en cambio, no ve nada malo en aplicar ese filtro para reservar el título de universidad, que tiene requisitos muy altos, a las instituciones que realmente lo ameriten.

4. Entre la transparencia y la autonomía

El Gobierno también plantea establecer prácticas de buen gobierno y un nuevo régimen de inspección y vigilancia. Cree importante combinar la autonomía institucional con la responsabilidad de rendir cuentas ante la sociedad y el Estado. Si la institución tiene toda la información sobre el alumno, este y sus padres tienen derecho a saber todo sobre la universidad, dice el viceministro Botero, quien recuerda que el sector mueve unos 10 billones de pesos.

El afán de transparencia surge de casos como el de entidades educativas privadas sin ánimo de lucro que disfrazan sus ganancias de gasto para no reinvertirlas o el de miembros de consejos de universidades públicas que a la vez tienen contratos con ellas. "Los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades no están tan claros", dice Botero.

A las universidades, en general, les parece bien el llamado a la transparencia, pero no pocos consideran que lo propuesto en el proyecto es un "código de policía de última instancia" y "una celada a la autonomía".

Otros aspectos importantes

Más crédito

Por cuenta de la nueva ley, habría 774 mil millones de pesos más para créditos y subsidios para los más necesitados. Habría tasas de interés real de cero pesos.

Paga si tiene trabajo

Quienes reciban crédito del Icetex para estudiar empezarán a pagar cuando hayan conseguido trabajo y hayan superado un umbral de ingreso.

Alianzas con empresas

La reforma plantea un marco jurídico para que las empresas privadas se asocien con universidades públicas para desarrollar parques tecnológicos, por ejemplo.

Promoción regional

Uno criterio para distribuir los recursos adicionales entre las instituciones públicas será este. Se crearán los comités departamentales de educación superior.