El Diario Portafolio habla sobre la Reforma a la Educación Superior

La propuesta gubernamental para modificar la Ley 30 ha generado todo tipo de controversias.

Para precisar las diferencias del Gobierno con la academia, Portafolio consultó al viceministro de Educación Superior, Javier Botero, y al presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), José Fernando Isaza, para que expliquen sus puntos de vista al respecto.

‘La autonomía está casi anulada’

José Fernando Isaza, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades plantea las dudas. Para José Fernando Isaza, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), era mejor que el proyecto se hubiera discutido con las universidades antes de lanzarlo a la opinión pública. Frente a los mismos temas manifiesta:

Sistema de aseguramiento de la calidad.

La autonomía está casi anulada, por ejemplo, cuando se centra en capítulos de sanciones, castigos e intervenciones. Parece un código penal, eso no es calidad. Que haya controles no sólo del ejecutivo sino del judicial y con el derecho de inspección y control invaden la órbita de la autonomía; con inspección y vigilancia hay intromisión total. Es necesario garantizar los debidos procesos, vigilancia del sistema judicial, pues esto se puede convertir en un sistema de premios y castigos.

Recursos a las universidades públicas.

El Gobierno le apuesta al aumento de cobertura, pero no en el sector público, pues mantener los aportes en términos reales iguales más un porcentaje del incremento del PIB, implica que la participación de las universidades en el PIB disminuye. No le apuesta al crecimiento de cobertura ni calidad, pues en términos reales darla cuesta, de manera que el aumento de cobertura no va a ser por las universidad públicas. El Gobierno tiene que revisar todo su sistema de gasto público y orientar sus ingresos y gastos para apostarle más la inversión en educación. En cuanto a los contratos de asociación, eso está bien, no le hace daño a nadie, bienvenidas las empresas. Sin embargo, la rentabilidad de la investigación es más social que privada. En el tema de las regalías sí aparece el Estado apoyando la investigación.

Recursos a las universidades privadas.

Tampoco le apuesta a que crezcan las universidades privadas sin ánimo de lucro, sino que aumente la cobertura a través de instituciones de educación superior con ánimo de lucro, así como mayor crecimiento en la oferta técnica y tecnológica. Una gran parte del aumento de cobertura en los últimos ocho años fue dado por un hecho estadístico, pues se definió que el Sena era educación superior y 255.000 estudiantes de esa entidad aumentaron la estadística, pero en cobertura profesional no fue muy grande. No está mal crecer la parte técnica y tecnológica, pero debe impulsarse también la parte profesional.

Subsidio a la demanda.

Este es un aspecto positivo, pues el crédito educativo no es una buena cartera en ninguna parte del mundo. En Colombia, por ejemplo, puede ser del 70 por ciento.

‘Buscamos mayor calidad y cobertura’

El viceministro de Educación Superior, Javier Botero Álvarez, defiende la reforma a la Ley 30.

Para el viceministro de Educación Superior, Javier Botero, la reforma busca garantizar una mejor calidad y mayor cobertura a través de estos aspectos esenciales:

Sistema de aseguramiento de calidad.

La reforma plantea medidas para que el proceso de acreditación voluntaria de alta calidad sea mucho más ágil y el Consejo Nacional de Acreditación tenga mayor autonomía y sea él el que otorgue las acreditaciones.

Se van a articular más los resultados de las pruebas Saber 11 y Saber Pro para hacer mayor seguimiento a la calidad; se fomenta la internacionalización de la educación, la investigación y la innovación, la formación de docentes, el uso de tecnologías y el mejoramiento integral de las instituciones.

Recursos a las universidades públicas.

Ampliamos la fuente de recursos públicos de cuatro formas: primero, además de mantener lo que se tiene hoy en pesos reales, actualizados con el IPC, estos aportes crecerían un 1 por ciento el año que entre en vigencia la ley, un 2 por ciento el año próximo y un 3 por ciento el siguiente, y se mantiene este 3 por ciento de incremento hasta el 2019.

Estos recursos los distribuiría el Ministerio a través de cuatro parámetros: formación de profesores, productividad académica de los docentes, investigación y cobertura con un énfasis regional. Lo anterior va unido al alza de los aportes según el crecimiento de la economía.

Si lo hace menos del 5 por ciento, se gira el 30 por ciento del crecimiento del PIB; si crece entre 5 y 7,5 por ciento, será el 40 por ciento, y así sucesivamente. Tercero, la Ley le permitirá a la nación y a las entidades territoriales hacer aportes puntuales para inversión. Y cuarto, se fomentan las alianzas público-privadas, con un marco jurídico para que esos convenios de asociación estipulen duración y repartición de utilidades, lo que debe llevar una contabilidad separada. Esto busca más patentes.

Recursos para las universidades privadas.

En la Ley 30, las instituciones de educación superior tenían que ser fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro para recibir donaciones. Proponemos que la educación privada acceda a capitales privados de tres maneras: que se creen instituciones con ánimo de lucro: que los inversionistas pongan su capital en una institución sin ánimo de lucro que quiera permitir el lucro de un tercero (garantizado que se preserve la parte de fundación), y la creación de un fondo de garantía para proyectos de inversión (esto también sería para las universidades públicas).

Subsidio a la demanda.

Se crean fondos de manutención y sostenimiento de estudiantes de Sisbén 1 y 2, con tasa nula de interés real y condonación del crédito por excelencia académica.