Reforma educativa: ¿oportunidad o frustración?

Por: Myriam Jimeno/Isaac Dyner *

Necesitamos una educación superior de mayor calidad y más incluyente. Si queremos una sociedad más desarrollada y sin las alarmantes desigualdades sociales de hoy, el camino es la educación.

Foto: AFP

La reforma a la Ley 30 ha despertado protestas en universidades de todo el país. Hoy habrá marchas en diferentes ciudades con el mismo fin.

Este puede ser un gran acuerdo básico. ¿Cómo se sitúa el proyecto de ley que regula “el servicio público de la educación superior” frente a esa visión de futuro? Lo que le interesa a Colombia es lograr que mucho más del 40% de los jóvenes tenga acceso a la educación superior de calidad. Es decir, dejar atrás lo que Mauricio García llamó recientemente el apartheid educativo que impide reducir la brecha entre ricos y pobres.

La propuesta de ley define la educación como un servicio público con función social, que puede ser ofrecido —como ha sido la historia en el país— por entes públicos o privados. El proyecto exige condiciones que mejoren la calidad (registro calificado, evaluación de programas e instituciones, etc.) y mayor información e indicadores sobre el funcionamiento de las instituciones. Es decir, transparencia y rendición de cuentas, hábito incipiente que despierta ansiedad y no pocas resistencias. ¿Será una forma de lesionar la autonomía universitaria o de inmiscuirse en las universidades privadas, o es el ejercicio necesario para jalonar el sistema hacia mejores prácticas? Control y vigilancia son tan necesarios como libertad y autonomía; en su adecuado balance descansa la bondad del proyecto. En este caso, el proyecto es impreciso sobre lo que se le exige a las instituciones, pues los indicadores son demasiado genéricos. Por ejemplo, no se define cómo se establecen pesos relativos entre el aumento de cupos y la producción en investigación o a la formación de los docentes.

Crea, además, grandes intermediaciones para la asignación de nuevos recursos del Estado. Esta intermediación es muy perjudicial para la educación pública porque condiciona recursos adicionales a mecanismos por convenir, bien sea por el propio Ministerio o por entidades en proceso de consolidación como el Sistema de Universidades Públicas, u organismos colegiados sin adecuada capacidad de gestión como el Consejo Nacional de Educación (CESU). Es decir, se deja un margen demasiado amplio de mediaciones en las tres formas propuestas para la distribución de recursos adicionales para las universidades públicas.

Por ejemplo, si una universidad pública crea nuevos grupos de investigación, publica y patenta más, no recibe necesariamente más recursos, sino que tiene que presentarse a convocatorias reguladas por Colciencias. Lo grave es que sin recursos adicionales se empobrecerán y asfixiarán las mejores universidades públicas, cuyos indicadores las colocan a la cabeza en el país.

Los recursos adicionales diseñados por crecimiento del PIB y por desempeño institucional en aumento de la cobertura, investigación, productividad y formación docente y por el desempeño en los tres años anteriores son un esfuerzo considerable del Estado, si bien insuficiente. Pero sería una debilidad enorme dejar la distribución de apreciables recursos sujetos a conocidas prácticas de presión o sin la suficiente claridad para premiar a las que más avancen y a las mejores.

Si el Gobierno hace un esfuerzo por diseñar mecanismos que mejoren y hagan más diáfana la gestión en educación, si desea aplicarlos tanto a públicas como a privadas, lo que sería un gran paso, ¿por qué dejar indefinida la distribución de recursos entre las instituciones públicas según criterios tan vagos como “su grado de complejidad”, o con base en indicadores genéricos sin peso relativo y en manos de mecanismos sin transparencia? ¿Cómo y quién los definirá? ¿Qué implicaciones tendrá el riesgo de lesionar las universidades públicas del país que más progresan?

El proyecto define como meta ofrecer mejores oportunidades a mayor cantidad de jóvenes de menores recursos y que permanezcan en el sistema; los medios para lograrlo son inversión estatal, eventuales recursos privados, regulación e incentivos de buena gestión. ¿Por qué dejar abierta la posibilidad de prácticas indeseables y no diseñar un modelo de asignación directa de recursos, sujeto a indicadores de inclusión y calidad? Podríamos en otro artículo esbozar sus elementos centrales, con ánimo de contribuir a que esta oportunidad no quede en otra frustración.

* Profesores Universidad Nacional de Colombia