Algunos uribistas que no concebían un futuro inmediato sin Álvaro Uribe y que se lanzaron de cabeza por la segunda reelección, probablemente tengan -tras el fracaso del referendo en la Corte Constitucional- más preocupaciones que encontrar al sucesor del Presidente.
Y es que aparte de garantizar el relevo en el 2010, la sentencia del alto tribunal podría tener otras consecuencias secundarias. Es así como el histórico fallo impulsaría investigaciones judiciales y disciplinarias para aquellos que participaron en el proceso y que se hicieron protagonistas de “los vicios insalvables” que tuvo la Ley de Referendo. Aún más, la efervescencia de la decisión, aún reciente, podría darles mayor agilidad a esas decisiones.
Los primeros preocupados son los 86 congresistas que en la Cámara de Representantes votaron afirmativamente el segundo debate del proyecto de referendo. Lo hicieron en aquella madrugada del 17 de diciembre de 2008.
No sólo votaron “a espaldas del país”, como muchos advirtieron entonces, si no que con el agravante de que el proyecto no tenía el certificado del Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, que aprobara la legalidad de la financiación en el proceso de recolección de las firmas. El certificado nunca se expidió, y la Corte Constitucional sentenció que se trataba de un requisito sustancial para que el proyecto se discutiera en el Congreso.
La Corte Suprema de Justicia, luego de una denuncia entablada por el representante del Polo, Germán Navas Talero, abrió indagaciones preliminares contra estos congresistas. Una investigación que no sólo cobró actualidad gracias al fallo de la Corte Constitucional, sino que pareció darle mayor fortaleza. Leer màs
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